Hoy participé junto con unas 300 otras personas de una protesta contra
la instalación de una fábrica de nitrato de amonio en el sudeste de Salta, entre las localidades de El Galpón y El
Tunal, en la zona en donde las últimas colinas de los Andes se deslizan hacia
la llanura del Gran Chaco. La marcha comenzó en la plaza de El Galpón y después
generó una caravana en la ruta 16 hacia la carpa que los vecinos instalaron hace varios meses para bloquear el acceso al
predio donde la Austin Powder (basada en Ohio, Estados Unidos) planea construir la fábrica. El
bloqueo a la tranquera hizo que este
movimiento sea conocido como “El Tranquerazo,” organizado a pulmón por vecinos
que se han organizado desde 2012 como Vecinos Autoconvocados del Río Juramento. Hoy el bloqueo ha sido levantado por una orden judicial, pero la carpa junto a la tranquera continúa. Hoy tuve
el gran gusto de conocer a muchos de los protagonistas de este movimiento, y de reencontrarme con amigos de El
Galpón que conocí en años previos, cuando hice el trabajo de campo para el
libro Rubble.
Este
conflicto es un microcosmos del modelo extractivista que se ha impuesto en la
geografía argentina. La fábrica busca enviar, hacia el oeste, explosivos para
las minas a cielo abierto que destruyen montañas y contaminan ríos en los Andes
y, hacia el este, fertilizantes para los agronegocios que han devastado
centenares de miles de hectáreas de bosques alrededor de Las Lajitas y Joaquín
V. González. Y el gasoducto de Anta que pasa por la zona la proveerá de la
principal materia primera para hacer nitrario de amonio (el gas natural). La
instalación de este nodo químico-industrial al servicio de prácticas altamente
destructivas del espacio generará, inevitablemente, la contaminación de la cuenca
del río Juramento. Esta es la principal preocupación que ha guiado a las
protestas, que han enfrentado a los vecinos con la municipalidad de El Galpón, el
gobierno salteño y el modelo fomentado por el gobierno nacional. Lo que se
suele trivializar como “ambientalismo” es, en este y otros casos, una protesta
contra la destrucción del espacio.
La
protesta en el Tranquerazo contó con la presencia de dirigentes de la CTA de
Salta, Jujuy y Tucumán, que se refirieron a las múltiples protestas que la CTA
organizó también hoy en otros lugares del país donde se lucha contra las
mineras y los agronegocios. Y varios de ellos enfatizaron que lo que unen a
estas luchas es la defensa de “los bienes comunes”. Este es un viejo concepto
que está ganando fuerza y que autores como Hardt y Negri rescatan como una
forma de escapar a la dicotomía entre propiedad privada y estatal, pues los
bienes comunes son aquellos espacios y recursos que son de todos y no son de
nadie. Y son justamente esos bienes comunes los que están siendo sometidos a un
creciente proceso de privatización y degradación ante el avance de las mineras, los agronegocios, y las empresas como Austin Powder que fabrican suministros básicos para ambos. El Tranquerazo, al igual que las protestas contra la planta de Monsanto en Córdoba, es la irrupción de la política en su más pura expresión: como la aparición de algo colectivo que no existía y que interrumpe localmente, en este caso, el ritmo de una maquinaria transnacional de reconfiguración geográfica.
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