La violencia en el espacio de las fronteras sojeras

La violencia de la policía formoseña y terratenientes armados contra gente toba-qom de La Primavera la semana pasada es expresión de un proceso que va mucho más allá del caso de Formosa, y que forma parte de un frente generalizado de confrontaciones por el control del espacio que se está desarrollando en todo el norte argentino.

Y si bien este conflicto fue desencadenado por el plan del gobierno provincial de hacer una sede universitaria en tierras de la comunidad, la expansión sojera en esta zona de Formosa también ha afectado la dinámica de poder que enfrenta la gente toba-qom, sobre todo por la valorización de tierras que reclaman como propias y por la convergencia en la zona de actores que ven a las comunidades aborígenes como "obstáculos para el progreso".

Si bien ha habido cientos de casos de golpizas e incidentes violentos en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Jujuy contra aborígenes y criollos por parte de policías o matones mandados por empresarios en disputas por el control del espacio, esta es la primera vez que dicha violencia termina en dos muertos y decenas de heridos, algunos de ellos en estado muy grave. Testigos en el blog de la comunidad de La Primavera han documentado una violencia generalizada contra hombres y mujeres de la comunidad, apaleados por la policía y la banda de terratenientes armados que andaba con ellos.

En otro post me referí a la importancia que las luchas por el espacio público han tenido en el pulso de la historia argentina en la última década. Pero (como bien observó Damián Fernández en un comentario en el blog) me centré sobre todo en luchas por espacios urbanos, y quedaba pendiente explorar el impacto político de disputas territoriales en zonas rurales. Creo que estas luchas en los espacios más marginados y silenciados del país también decidirán buena parte del futuro y del contenido del kirchnerismo.



Desde 2003, he estado haciendo trabajo de campo casi todos los años en la zona más caliente de la expansión sojera en el NOA, alrededor de Las Lajitas y Joaquín V. González en Salta, y también en otras zonas de Salta y de las zonas bajas de Jujuy donde la expansión de los agronegocios ha significado, además de la destrucción de decenas de miles de hectáreas de monte, el desalojo de miles de familias criollas e indígenas que han vivido en esas zonas durante generaciones.



Esto ha generado situaciones donde la lucha por el espacio se reduce a su más cruda corporalidad: la gente poniendo el cuerpo delante de topadoras que vienen a destruir sus ranchos y sembradíos, y sufriendo la violencia de policías y empleados armados que buscan sacarlos de ese lugar para desmontar y crear campos de soja. Aunque muchas de estas confrontaciones terminan en desalojos, en muchos otros casos han logrado ponerle límites a la expropiación y reordenamiento capitalista del espacio, sobre todo cuando estos cuerpos plantados en la defensa de espacios locales han estado articulados a movimientos sociales más amplios que pueden denunciar estos casos a los medios de comunicación y a través de internet.



Por mencionar algunos casos, que he seguido de cerca. En agosto de 2004, los miembros de la comunidad guaraní de Río Blanco Banda Sur (cerca de Orán) detuvieron con sus cuerpos el avance de topadoras del ingenio San Martín del Tabacal sobre su predio, si bien 16 personas fueron heridas por los guardias privados de la empresa y uno de ellos terminó internado.

En julio de 2008, varias familias criollas y guaraníes fueron desalojadas por parte de la policía de Jujuy y topadoras de empresarios sojeros al este de Vinalito, en una zona de Jujuy muy cercana al Chaco salteño. Pero la respuesta política a este desalojo hizo que unas semanas después más de 1.500 personas ocuparan pacíficamente el predio y obligaran a los sojeros a replegarse. Este avance multitudinario logró recuperar más de 1.200 has de tierras para las familias guaraníes y criollas que habían sido desalojadas y además llevó a que el gobierno entregara 4.100 has en propiedad a comunidades guaraníes en un lote contiguo.

En el paraje de Esquinero, cerca de Apolinario Saravia (en Salta, al norte de Las Lajitas), un puñado de familias wichí que vive en la más extrema miseria resiste desde hace años en una pequeña franja de monte que está prácticamente rodeada de plantaciones de soja.



Similares islas de monte con pequeñas comunidades wichí acosadas por el avance de las topadoras existen más al norte al este de Tartagal. En julio de 2006, como resultado de enfrentamientos con empresarios en defensa de sus tierras, José Galarza, dirigente wichí de 73 años de la comunidad de Pozo Nuevo, falleció luego de haber sido herido de gravedad por la policía con 40 perdigones (esta muerte, denunciada por Amnistía Internacional, no tuvo ninguna repercusión en los medios nacionales). No lejos de allí, en Tonono, el cacique de la comunidad señalaba en 2008, luego de que las mujeres y hombres de la comunidad pararan a ocho topadoras que avanzaban sobre tus tierras: "Pararemos con nuestra sangre indígena las topadoras en Tonono".

El hecho de que los cuerpos objeto de violencia sean en muchos casos cuerpos aborígenes tiene mucho que ver con lo desenfrenado del accionar policial-empresarial, lo que ha reavivado memorias de la violencia indiscriminada que hace sólo un siglo era la regla en esos mismos lugares. Y ello se entrelaza con un racismo endémico que ve a la protesta aborigen como expresión de un salvajismo que requiere de una violencia civilizadora y disciplinante.

Estos ejemplos son sólo un puñado dentro de lo que es un frente de confrontaciones generalizado que se da, como decía, en todas las zonas del norte donde los agronegocios están enmarcados en una agresiva expansión espacial.

Es en estas confrontaciones definidas por cuerpos lanzados a disputar el control del espacio que en estos años se ha estado definiendo la historia de buena parte del norte argentino. Y estas disputas están teniendo su impacto en centros urbanos, cual ondas expansivas que están generando importantes formas de solidaridad y militancia en lugares distantes.

En estos días, la violencia en La Primavera ha generado dentro del ala más militante del kirchnerismo y en muchos otros sectores un llamado a terminar con los núcleos de corte feudal que existen dentro del kirchnerismo en su expresión más tradicional, como el que representa Gildo Insfrán, que gobierna Formosa a su antojo desde 1995 y es responsable político de la violencia represiva en La Primavera (Insfrán es de Laguna Blanca, muy cerca de La Primavera, y esta es por ende una de sus zonas de mayor influencia directa). Y esto nos lleva a lo que es una de las grandes cuentas pendientes del kirchnerismo. Si bien la represión policial en Formosa no fue ordenada desde el gobierno nacional, la muerte generada por el aparato represor de Insfrán contradice la narrativa oficial sobre no reprimir la protesta social. Hasta ahora, el gobierno nacional es con su sugestivo silencio un cómplice directo de la violencia. Por ello es hora también de entrelazar la denuncia de lo que pasó en La Primavera con un reclamo colectivo de que se tomen medidas más enérgicas para detener la la violencia expropiadora que sufre gente criolla e indígena que defiende sus espacios locales en muchos otros lugares del país.

Pero es tan importante denunciar el silencio del gobierno nacional como el oportunismo e hipocresía de los grandes medios privados de comunicación, que de repente aparecen preocupados por la situación de los pueblos originarios en Formosa pero sólo porque se trata de "una provincia K". Clarín y La Nación han sido voceros militantes de la patria sojera y han sido abiertamente hostiles a los reclamos territoriales indígenas, sobre todo en el caso de La Nación, que ha sistemáticamente demonizado las demandas mapuche en la Patagonia como una suerte de invasión "chilena" con lazos con el "terrorismo internacional de la ETA y las FARC".

Las luchas por el espacio producidas por cuerpos dolientes en zonas rurales, en este sentido, no dejan de ser disputas mediáticas en las que participan actores basados en las grandes ciudades. Y es en este complejo entramado político-espacial, que une a lugares muy distantes entre sí, que se decidirá el futuro de las resistencias a la expansión territorial de los agronegocios así como el tipo de país que se quiere construir en base a la devastación social que ella genera.